La transformación obligatoria del suelo como consecuencia de la acción urbanística, de un lado, y de la potestad expropiatoria, por otro, se configuran como dos modalidades de intervención en la esfera de la libertad y la propiedad particular que guardan una similitud esencial porque en ambas es preciso establecer una serie de reglas de conversión del valor del terreno entregado o expropiado a su equivalente económico respetando las reglas de indemnidad de los ciudadanos en las transformaciones obligatorias de sus derechos. El Practicum
analiza los contextos generales del urbanismo, su legislación vigente, las principales instituciones desde una proyección general y en un esquema similar el procedimiento expropiatorio y los trámites para la fijación del justiprecio. Esta transformación obligatoria toma en ambos casos como elemento referencial los sistemas y las formas de valoración de los bienes objeto de la transformación. De ahí que el régimen de la valoraciones tanto en el urbanismo como en el ámbito expropiatorio constituya uno de los elementos nuclerares del mismo.

El régimen jurídico y de funcionamiento de las Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y contenidos constituye uno de los grandes retos de la sociedad española del siglo XXI. Esta relevancia es consecuencia de diversas circunstancias entre las que se señala, específicamente, que se trata de la Administración más numerosa y, a la vez, más la más heterogénea con cobertura de pequeños fenómenos de actuación administrativa al lado de municipios con una relevancia más notable que otras Administraciones de carácter superior. Esta importancia numérica y su propia conformación heterogénea ha ido unida a un exponencial crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de sus servicios ha producido un efecto complejo en la sociedad y en el equilibrio de las Administraciones Públicas. Este esquema previo, unido a la situación de crisis económica, ha justificado la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tiene por objeto «? clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas?». La publicación de esta norma introduce un profundo cambio en el funcionamiento y en el status quo de las entidades locales que justifica el esfuerzo de compilación y sistematización que se contiene en el Practicum que aquí se presenta. En el mismo se ha procurado unificar las novedades de la Ley 27/2013 con las referencias temáticas generales del régimen jurídico de las Entidades Locales de forma que se contiene, finalmente, el conjunto de las referencias y modalidades organizativas y de funcionamiento, el régimen jurídico de los bienes con los que cuenta la Administración local y su propia estructura de funcionamiento proyectada sobre los aspectos sectoriales más relevantes de la organización local. Se trata, por tanto, de integrar como un todo orgánico el régimen jurídico preexistente y el que procede del nuevo marco legal para obtener una visión de conjunto que permita entender el funcionamiento de las Entidades Locales.

La publicación hace más de 37 años de la Constitución Española de 1978 supone una transformación social y jurídica de indudables consecuencias. La actuación posterior del Tribunal Constitucional en su interpretación y la incidencia que los postulados interpretativos ha tenido en la aplicación concreta del derecho en los diferentes ámbitos jurisdiccionales ha hecho que la Constitución se haya convertido en un instrumento cotidiano del Derecho español. El Código responde a este esquema de identificar las principales normas que conforman el bloque de constitucionalidad, las principales referencias en la aplicación por el Tribunal Constitucional y por los Tribunales ordinarios. Contiene, además, referencias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a otros Textos constitucionales de nuestro entorno que contienen preceptos que guarden una cierta similitud con el analizado en la Constitución Española. Se trata, por tanto, de una recopilación pensada en clave del usuario y para el conocimiento de la evolución interpretativa de los diferentes preceptos constitucionales a partir de la identificación de los preceptos que lo han aplicado y de las referencias o los argumentos más importantes que se contienen en los respectivos pronunciamientos. El conocimiento y la ubicación sistemática de los desarrollos normativos y jurisprudenciales de cada uno de los preceptos constitucionales resulta una técnica especialmente idónea para el operador jurídico y para el intérprete cotidiano de los mandatos constitucionales y de los límites y formas de su desarrollo.

Las Administraciones Públicas deben volver sus ojos hacía el pensamiento estratégico general que dimensione el personal que presta servicios en una Administración de forma conjunta y que, por tanto, conciba la plantilla con un concepto o una consideración general. La eficacia de las organizaciones exige, precisamente, esa visión de conjunto conforme a criterios comunes y sin prejuzgar con ello las soluciones ni las formas de ejecución que responderán al régimen jurídico de cada uno de los empleados públicos. Lo que es evidente es que no podemos confundir el diagnóstico con la medida terapéutica. Son cosas diferentes y, mientras el primero, puede ser común a todas las categorías de empleados públicos, el segundo está ligado a la naturaleza de la respectiva organización. Esta referencia general, ordenada, reflexiva, proyectada en el tiempo y en el resto de instrumentos de ordenación de la función pública es la que nos hace volver los ojos a la utilidad y la necesidad de la planificación. Ahora, su actualidad y su verdadero sentido si se pone en relación con la necesidad de encontrar un sistema más profesional de gestión que esté en función de las necesidades de cada órgano administrativo y que legitime la presencia (y la retribución) del empleado público. A partir de la constatación de la necesidad y de la utilidad lo que se ha procurado es establecer -aquí sí- una visión de conjunto sobre la regulación, las medidas y las decisiones judiciales sobre los diversos instrumentos de redimensionamiento de plantillas y de ordenación de la función pública. Esta reflexión, muy apegada a la solución judicial (administrativa y social), demuestra que la falta de uniformidad en los criterios justificativos acaba condicionando la autorización o la validación general de las decisiones. Se precisa mayor objetividad, mayor rigor, mayor reflexión. Los proyectos y las decisiones de redimensionamiento y de flexibilización de plantillas y condiciones de trabajo exigen rigor en cualquier entidad pero, especialmente, en el ámbito público por el propio imperativo del estatus constitucional de funcionamiento de las Administraciones Públicas. Esta es la verdadera utilidad de un análisis que mezcla la formulación teórica y estructural de la regulación con un planteamiento exhaustivo sobre los problemas teóricos planteados como consecuencia de la ejecución y de la interpretación judicial.

La presente monografía analiza exhaustivamente el papel de los fondos de inversión en el ámbito del deporte profesional, especialmente en lo que se refiere a la propiedad de los derechos de los deportistas por parte de dichos fondos. Así, se estudian los derechos susceptibles de revestir interés para los fondos de inversión desde una perspectiva deportiva. Particularmente, se trata la aproximación del régimen jurídico-mercantil de los fondos en el fútbol español. Además, se resuelve la cuestión de cuál es la perspectiva económica de los fondos de inversión en el deporte. Por último, se analiza la irrupción de los fondos de inversión en la actividad deportiva desde la perspectiva de negocio.

La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas.
El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción.

La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas.
El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción.

La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional.
Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema.
Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función.
En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad,
el Título V al control administrativo
y el Título VI al régimen sancionador.
El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.

La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional.
Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema.
Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función.
En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad,
el Título V al control administrativo
y el Título VI al régimen sancionador.
El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.

El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y el examen de acceso.